El Gobierno creó un registro único para identificar a beneficiarios de programas sociales

Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional oficializó la creación del Registro Integrado de Beneficiarios de Políticas Sociales (RIB), una base de datos destinada a identificar a las personas que reciben prestaciones o servicios sociales del Estado.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 23/2026, publicada en el Boletín Oficial, con el objetivo de transparentar y optimizar el seguimiento de los beneficiarios de la asistencia social en Argentina.

El nuevo registro funcionará bajo la órbita del Sistema Integrado de Información Social (SIIS), creado en septiembre de 2024, y dependerá del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), organismo que integra el Ministerio de Capital Humano.

De acuerdo con la normativa, la principal función del RIB será consolidar y armonizar la información de todas las personas que reciben prestaciones o servicios del Estado nacional.

La iniciativa apunta a mejorar la trazabilidad de los fondos públicos, en un contexto en el que la dispersión de datos entre distintos organismos dificultaba detectar duplicaciones de beneficios o vacíos en la cobertura.

En ese sentido, el Gobierno señaló que el nuevo sistema permitirá fortalecer la transparencia, la trazabilidad y la coordinación interinstitucional de las políticas sociales, facilitando el seguimiento de su cobertura, su complementariedad y posibles superposiciones, así como una gestión integral de la inversión social.

Asimismo, destacó que la centralización de la información permitirá que los registros consolidados se basen exclusivamente en datos oficiales provistos por los organismos competentes, evitando duplicidades y garantizando la integridad y coherencia de los datos.

A partir de la infraestructura del SIIS, el sistema incorporará mecanismos de interoperabilidad, lo que permitirá que distintas dependencias del Estado puedan cruzar información de manera ágil y segura.

En materia de privacidad, la resolución establece que el tratamiento de los datos se regirá por la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, garantizando la confidencialidad de la información.

El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales será el encargado de implementar las medidas de seguridad necesarias, así como de administrar el sistema, realizar el seguimiento y elaborar estadísticas a partir del registro.

Finalmente, el Gobierno aclaró que la implementación del RIB no implicará un gasto adicional, ya que se financiará con partidas ya asignadas, y que entrará en funcionamiento de manera inmediata para iniciar la migración y unificación de las bases de datos existentes.